Muchos países empobrecidos venden la gestión de los servicios públicos a grandes empresas que tienen el dinero y los medios tecnológicos para dar calidad al servicio y ponerlo al alcance de toda la población. Pero estas empresas no suelen tener la voluntad de alcanzar este objetivo. La cobertura que dan a los servicios está muy por debajo de lo que sus posibilidades les permiten, con lo que benefician mucho más a su propio desarrollo que al del país receptor.
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