Cambiar la Constitución de otra manera: el caso Islandés

Frente al cambio constitucional exprés sin consensos amplios que hemos vivido en España últimamente, en Islandia hemos visto otra forma de afrontar el cambio de la Carta Magna.

Alvaro Porro (miembro de la redacción de Opcions) tras un viaje por Islandia ha elaborado este reportaje sobre el proceso participativo de reelaboración de la nueva Constitución islandesa tras el colapso financiero de 2008. En él se da voz a diferentes analistas y participantes del proceso islandés. En el Periódico Diagonal del 29 de septiembre se publica una versión reducida de este reportaje.

Egill Helgason, desde las páginas del Reykjavik Grapevine, presenta algunos interrogantes. Por una altra, uno de los 25 elegidos en el proceso de reforma de la Constitución, Andris Magnusson muestra algunas reflexiones desde su óptica privilegiada como  participante del proceso.

No es oro todo lo que reluce pero...

(NOTA: aquí podéis descargar un esquema conceptual cronológico del proceso)

En España a raíz, sobretodo, de la aparición del movimiento 15M se ha hablado mucho y bien del proceso Islandés. Sin embargo, en esta isla ártica activistas y analistas se preguntan hasta qué punto dicho proceso es el éxito que hemos “querido” ver desde aquí. El analista Egill Helgason, desde las páginas del Reykjavik Grapevine, presenta algunos interrogantes. En Islandia es común escuchar con cierto cinismo que es verdad que el Estado decidió dejar quebrar 3 bancos privados pero fue porque básicamente no tenía otra salida. La proporción de la deuda no era asequible (9 veces el PIB del país), además Egill resalta que según un informe de la OCDE solo Irlanda ha puesto más dinero público en sus instituciones financieras fallidas que Islandia. A su vez otros analistas resaltan que dos de estos bancos ya han sido reprivatizados y la reprivatización de un tercero está en debate. Al respecto del procesamiento de los responsables del colapso, el analista Egill afirma que “el proceso está siendo lento y confuso, generando frustración en la opinión pública”. Y añade que “por tanto en  este sentido Islandia no es un modelo y la gente en España no necesita ondear banderas Islandesas”.

Quizás ya lo sabíamos, no es “oro todo lo que reluce”, pero lo cierto es que Islandia ha servido de inspiración y existen razones para ello. Una revuelta popular que fuerza la dimisión de un gobierno en bloque y del director de su banco central, así como dos referéndums donde se rechaza, en sendas ocasiones, pagar deudas privadas con dinero público. Cambios de gobierno hacia la izquierda (Islandia tiene el gobierno nominalmente más a la izquierda de su historia). Un exprimer ministro que ha sido llevado ante el tribunal y varias investigaciones abiertas a políticos y banqueros. Un cierto shock cultural y político en un país paradigma de la adormecida sociedad de consumo, así como laboratorio de políticas ultra-neoliberales que promueven una reescritura participativa de la Constitución.

Hay muchas maneras de hacer cambios en una constitución. Una de ellas la hemos conocido recientemente: reforma exprés con mínimo consenso necesario y con la única participación de los dos grandes partidos. Pero también una constitución se puede no solo cambiar, sino reescribir mediante nuevos mecanismos de participación que sobrepasen el monopolio de los grandes partidos como están intentando hacer en Islandia. Quizás este sea uno de los frutos más interesantes de lo que fueron las revueltas populares y el terremoto político que siguió al colapso financiero de otoño de 2008.

Gustaff, una mecánico de fábricas de procesamiento de pescado que perdió un tercio de sus ahorros en el colapso y que forma parte del 36% de islandeses que acudieron a las urnas para elegir al Comité de 25 personas que han preparado la propuesta de nueva Constitución, refleja la visión de la población interesada en el proceso. “Tenemos una Constitución de cuando éramos parte de la Corona Danesa, lo que se ha evidenciado de la degradación del sistema político y económico de nuestro país. Desde el colapso ha quedado probado que esta constitución ya no funciona, hemos de hacer una nueva que permita reconstruir el país sobre sólidos pilares.”

Contra viento y marea

El proceso no ha gozado, desde su inicios, con el beneplácito de parte del establishment político y mediático. Esto se muestra en el hecho de que sólo obtuvo el apoyo del 62% del arco parlamentario, a pesar de que sólo un parlamentario se atrevió a votar en contra, lo que puede ser prueba de la fuerza de este discurso social que Gustaff ilustra. De hecho Andris Magnusson, uno de los 25 elegidos, justifica ante Diagonal la moderada tasa de participación ciudadana (36%) en la elección del consejo en el “sutil vacío mediático de buena parte de los medios privados  ligados a los centro  de poder tradicionales”. Pero este no fue el único obstáculo. Una vez realizadas las elecciones hubo denuncias del proceso que ponían en cuestión algunos protocolos técnicos. El Tribunal Supremo (de corte conservador y ligado al poder tradicional según Andris), ante esta situación, decidió invalidar las elecciones sorprendentemente en medio de un proceso de deslegitimación mediático en base a un debate técnico. El Gobierno ante semejante anticlimax participativo decidió hacer un “rodeo legal” a la invalidación y convertir la asamblea elegida e invalidada en un Consejo Asesor al que el parlamento encargaba la redacción de una propuesta de nueva Constitución basado en un informe previo elaborado por un comité técnico y los resultados del Foro Nacional de 2010 (ver esquema). Por tanto el objetivo  era el mismo que el de Asamblea Constituyente y el parlamento votó a favor de la propuesta en un 51%, pero esta vez con el proceso suficientemente erosionado por el debate mediático,  el 36% votaron en contra.

Los 25 ciudadanos elegidos han estado trabajando intensamente durante 4 meses y el pasado julio enviaron su propuesta final al Parlamento. Magnusson valora con satisfacción el hecho de haber elaborado una propuesta de consenso unánime, ni un voto en contra ha permitido “recuperar la autoridad debilitada por la invalidación”. Y ese consenso total es meritorio, si tenemos en cuenta que los miembros representan como nos explica Magnusson, la amplitud del abanico ideológico islandés (desde el neoliberalismo conservador hasta el ala izquierda). Andris, como la mayoría de los elegidos, no es político profesional, ni siquiera tenía militancia en ningún partido. Él es psiquiatra y su popularidad se debe a que fue uno de los primeros en denunciar desde la sociedad civil la situación insostenible de los bancos, así como por ser un activista en pro de que los beneficiados de la burbuja contribuyan con sus ganancias pasadas a pagar la deuda. Andris nos explica que en el grupo hay una importante presencia de intelectuales, especialmente profesores universitarios, como era de esperar, pero también hay activistas del movimiento de las “ollas y sartenes”, un sindicalista, gente del medio rural, dos pastores protestantes, blogueros, etc.

Corto pero efectivo

El trabajo se ha realizado con ciertas prisas como Katrin, otra de las elegidas, joven abogada y conocida activista del “movimiento de las cacerolas”, nos confiesa. Sin embargo, tanto Katrin como Andris nos han expresado su satisfacción general con el proceso y los resultados. Entre los principales cambios que la propuesta presenta, según ellos, están las medidas de mayor democracia directa (inspirados en parte en el sistema de referéndums Suizo). El 2% puede pedir que se debata un tema en el parlamento, y un 10% (algo que ambos resaltan como no excesivamente difícil en un país de 320.000 habitantes) puede hacer propuestas legislativas o revisar nuevas legislaciones para que sean sometidas a referéndums.  

Katrin resalta también lo que denomina “los derechos de la naturaleza” y la soberanía nacional sobre los recursos naturales inspirados en los avances de las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia. De esta manera pretenden limitar los derechos de propiedad sobre los recursos naturales que son refrendados como propiedad colectiva. Este tema es fruto de un intenso debate nacional surgido en torno a la construcción de gigantescas presas para el procesamiento de aluminio por multinacionales, así como a la concentración del sector pesquero en torno a grandes empresas extranjeras y nacionales fruto de un sistema marcadamente neoliberal de compraventa de derechos de pesca que margina a los pequeños pescadores. Andris hace especial hincapié también, en el campo de la transparencia donde el acceso a información, actas de reuniones, etcétera, estaría protegida y promovida constitucionalmente. Andris reconoce con cierta frustración que en el campo de promover la pluralidad de los medios de comunicación no ha conseguido incluir cambios pero Katrin señala que al menos ahora la Constitución obligaría a que el público tenga acceso muy directo a conocer la propiedad de los medios.  
Andris también resalta que la nueva constitución incluiría la posibilidad de votar individuos de una lista en vez de toda la lista, para evitar el caciquismo dentro de los partidos y también la constitución minimizaría la falta de proporcionalidad en el sistema electoral por la cuál el voto rural estaba mucho más valorado que el urbano. Por su parte, Katrin resalta la prohibición del servicio militar obligatorio, la promoción del desarrollo de una actitud crítica en el sistema educativo, algunos logros en el campo de los derechos humanos y la diversidad.

Críticas constructivas

Kristin es miembro fundador de ALDA, una plataforma de reciente creación que promueve la democracia directa y que ha estado muy activa en el proceso de deliberación constitucional por medio de los canales online abiertos. Kristin nos cuenta como valoración general que el Consejo Constitucional es un éxito importante, “si analizamos  las propuestas del Consejo hay muchas mejoras respecto a la antigua Constitución”.
Sin embargo, se muestra crítica en muchos aspectos concretos. Por ejemplo, considera que no se ha profundizado en la separación de  poderes, que en el campo de la democracia directa los logros son moderados y en el campo financiero y económico casi nulos. El propio Andris reconoce que en el campo económico y financiero los cambios son escasos, pero considera que ha sido uno de los precios a pagar por el consenso unánime del consejo.

Especialmente resulta sorpredente que la propuesta de constitución excluye de la nueva regulación de referéndums las cuestiones económicas y financieras, lo que resulta extraño especialmente en el caso islandés. Andris y Kistrin explican que ese acuerdo, que no comparten al 100% pero que aceptan, fue fruto de que muchos miembros del grupo consideraban que si someten a votación popular subidas fiscales o recortes de gasto se podrían llegar a situaciones muy difíciles poniendo como ejemplo el caso de la bancarrota fiscal de California, que ha sometido a referéndum algunas de sus políticas financieras de gasto público. A lo que Kristin contesta que “esa presunción de que en estos temas la inteligencia colectiva no es fiable no está justificada y que por tanto se continua en el mismo punto que con la anterior Constitución por la cuál los referéndums sobre el pago de la deuda privada bancaria con dinero público no hubieran tenido lugar si no es porque, como ocurrió el presidente, así lo decretara.”
Kristin cree que habrá cambios estructurales en la sociedad islandesa debido a la nueva Constitución pero cree que la estructura y cultura política, así como el reparto del poder económico no se verán significativamente trastocados por lo limitado de las propuestas.
En términos de proceso cree que una parte de los miembros del Consejo deberían haber sido elegidos al azar siguiendo el ejemplo de de British Columbia, uno de los procesos más conocidos de participación ciudadana en la elaboración de legislación, para asegurar de esta manera mayor representatividad de la diversidad social. También considera que el proceso no ha sido suficientemente abierto y participativo ya que muchas de las reuniones importantes no han sido retransmitidas o transcritas. Las respuestas dadas a los propuestas ciudadanas han sido excesivamente informales y breves, no ha habido apenas cobertura mediática ni reuniones públicas como el Foro Nacional de 2010, el tiempo ha sido muy corto... Pese a todo cree que la participación de la ciudadanía ha sido un éxito, especialmente ante la falta de experiencia previa y ha activado interesantes debates públicos, así como articulaciones colectivas de debate como ALDA. Kistrin considera que es verdad que se podían haber mejorado cosas para asegurar mayor participación, cree que el principal problema ha sido la falta de tiempo para poder dar a conocer mejor el proceso a la gente, para que hubiera más participación y más diversa de “la gente normal”, pero considera que en términos generales ha funcionado ya que las “buenas ideas han llegado al corazón de la discusión”.

¿Y ahora qué?

La propuesta fue enviada al Parlamento en la fecha acordada y ahora la pelota está en su tejado aunque no hay fechas establecidas por ahora.
Kistrin cree que la propuesta es demasiado radical para que el parlamento la apruebe,  pero así mismo cree que tampoco será fácil detenerla. “Ahora tenemos una alternativa, antes nos decían que era muy complicado hacer otra Constitución pero ahora esa excusa no funcionará. Si no les gusta que hagan otra propuesta y que dejen que la gente elija cuál les gusta más.” Einar Már Gudmundsson, conocido escritor comprometido con las luchas sociales y miembro de Attac Islandia, nos dice que el principal cambio social en Islandia tras la revuelta post colapso es “que hay mucha más gente que antes que se siente empoderada, y que siente que tiene algo que decir, sin miedo” y si el Parlamento desvirtúa el cambio constitucional, es probable que mucha gente vuelva a levantarse, “quizás es lo que necesitamos”. Por el momento, algunos miembros del Consejo han amenazado que si se desvirtúa la propuesta se presentarán a las elecciones para retomarlo y Hordur Torfason (uno de lo más significados iniciadores de las caceroladas que dieron pie a la revuelta) y otros activistas han asegurado que promoverán otra revuelta si se detiene el cambio constitucional. Las cartas están echadas y esta vez parece difícil que nadie pase turno porque lo que se está apostando, en parte, son las reglas del juego.

Álvaro Porro es miembro del CRIC y autor de este texto, que ha sido publicado, en una versión menos extensa, por el  Periódico Diagonal del 29 de septiembre de 2011.